El proyecto contó con la iniciativa del representante Daniel Carvalho y superó el último debate.

L a iniciativa fue liderada por el representante Daniel Carvalho y contó con el apoyo de los congresistas Andrea Padilla, Humberto de la Calle, Angélica Lozano, Alejandro García, Julia Miranda, Cristian Avendaño, entre otros.

El origen del proyecto radicó en la incomodidad que genera la contaminación acústica, principalmente en los centros y zonas residenciales de las ciudades. Los ruidos elevados terminan siendo, en varios casos, molestos para los habitantes.

La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) señala que las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, entre otras) son de las más ruidosas.

Por ejemplo, el 61% de los bogotanos están insatisfechos con el nivel de ruido. En Medellín y Valle de Aburrá, el 48% de los habitantes siente que la contaminación acústica es un problema prioritario y en Cartagena las quejas por esta situación se incrementaron un 80%.

Por si fuera poco, la Policía Nacional señala que el 70% de la conflictividad relacionada a asuntos de convivencia parten de problemas con el ruido, según reportó el representante Carvalho.

El impacto del ruido en las personas

Con respecto a los impactos generados por los sonidos molestos, la Organización Mundial para la Salud y el Ministerio de Ambiente indican que puede conllevar a deterioros en la salud física y mental.

Las personas que constantemente están en medio del ruido pueden terminar padeciendo sordera, ataques de nervios, estrés, ansiedad, presión arterial, dolores de cabeza, mareos, ineficiencia o baja productividad en el trabajo e insomnio.

Bajo este panorama, la Ley contra el Ruido establece una serie de lineamientos para fortalecer una política de calidad acústica. “A través de un ambiente libre de los impactos nocivos del ruido, asimismo pretende solucionar esta problemática de manera integral a través de la pedagogía, la prevención, el control y la sanción”, sostuvo Carvalho.

Los puntos más importantes de esta ley son:

• Se establecen los principios con los que se gestionan los impactos generados por el ruido.
• Los lineamientos para crear la Política de Calidad Acústica, vinculada a ministerios y departamentos administrativos con capacidad para ejercer el monitoreo y control.
• El desarrollo de estrategias y acciones entre instituciones, ciudadanía y sectores para prevenir la contaminación acústica.
• Define acciones para implementar la política pública. Las autoridades locales deberán dotarse de un plan de gestión con el que se impida molestias en la ciudadanía frente al ruido.
• Asimismo, la política nacional ayudará a que en cada lugar se puedan determinar sanciones en caso que una persona no cumpla con los lineamientos.

“Las alcaldías van a tener las herramientas y obligación de dotarse de planes de gestión contra el ruido. La Policía tendrá más capacidades de sancionar y los ciudadanos van a poder saber quién resolverá estos problemas”, puntualizó Carvalho.